El PSM opina. 10/05/2002

Liberales de ocasión

En la España de José María Aznar se pueden cumplir felizmente 70 años y ser presidente de una comunidad autónoma (Manuel Fraga, 79; Jordi Pujol, 71) o fiscal general del Estado (Jesús Cardenal, 72) o presidente del Consejo de Estado (�ñigo Cavero, 72). Y por supuesto se pueden superar los 70 años y ejercer de diputado o senador. Si el Gobierno logra imponer su idea de atrasar la edad de jubilación laboral para salvar el sistema de pensiones, se podrán cumplir 70 años y seguir picando en la mina. Pero lo que no se puede ser de ninguna manera es consejero de una caja de ahorros.

El Partido Popular ha tenido la dicha de descubrir a última hora las bondades del Código Olivencia para mortificar a las cajas. Un código cuyos objetivos de mejorar la transparencia, credibilidad y eficacia de las empresas son encomiables. Pero resulta que una de sus recomendaciones que menos se ha aplicado, el cese de los consejeros de las sociedades mayores de 70 años, es la que el PP quiere convertir en norma obligatoria: pero sólo para los miembros de los consejos de las cajas. Resulta que una mera recomendación a sociedades que cotizan en bolsa quiere aplicarla obligatoria y únicamente a entidades que no cotizan, las cajas.

Se dará así la paradoja de que si en una sociedad cotizada hay consejeros setentones, los que procedan de las cajas deberán cesar, mientras que sus colegas provenientes de otros ámbitos podrán seguir de por vida. El liberalismo del PP es selectivo y calculado: para los cajeros, obligación; para los demás, recomendación no vinculante.

En suma, en la España aznarista se puede seguir al frente de importantes cargos en el sector público y consejero de cualquier empresa privada, pero no de una caja. Los países democráticos de referencia exhiben un talante liberal más acendrado. En EE UU, nadie cuestiona la capacidad de Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal, pese a sus 76 años. Ni la edad fue obstáculo para grandes líderes en activo hasta el final, como Conrad Adenauer (87 años), Winston Churchill, (81), Charles de Gaulle (79) o Sandro Pertini (82).

El camino escogido por el Gobierno para tomar La Caixa, pues de eso se trata según la percepción los sectores más serios del mundo financiero basada en algo más que indicios que nadie ha desmentido, no puede ser más torcido. El primer tropiezo ya lo ha tenido con la sociedad catalana. La Caixa es una entidad emblemática en Cataluña, que custodia el 30% del ahorro de la comunidad y sostienen el mayor holding industrial de España.

El desprecio al marco jurídico ha levantado serias críticas. En secreto y por la vía de enmienda de última hora en la llamada Ley Financiera -hija de Gescartera-, un cajón de sastre que pretende modificar de una tacada 18 normas. Regular por esa vía una materia que en buena parte es competencia exclusiva de las comunidades autónomas es apostar por el conflicto. El Gobierno lo ha calculado y no le preocupa actuar así a sabiendas de que su ley sea luego derribada por el Tribunal Constitucional, porque cuando llegue la oportuna sentencia ya habrá colocado al frente de La Caixa a las personas de su estrecha confianza. En su estrategia de apoderamiento del sector financiero, primero fueron los bancos; ahora, las cajas.

La regulación de éstas la comparten el Gobierno central y las autonomías que han legislado sobre la materia. Los conflictos suscitados para delimitar sus competencias mutuas fueron resueltos ya en 1988 con dos sentencias del Constitucional que deslindaron con precisión las materias básicas, a legislar por el Gobierno, y las susceptibles de ser reguladas por los Parlamentos autonómicos.

Cuando el Constitucional se ha pronunciado sobre la edad de los directores generales, cargo mucho más ejecutivo que el de consejero, ha sido categórico. 'No puede justificarse como básica la determinación de la edad de jubilación a los 65 años, pues este límite no está justificado por razones de eficacia en la gestión, únicas en que podría pensarse, ni hay motivo alguno para que la legislación autonómica no pueda fijar la edad que estime adecuada a tal fin'. Tras un un pronunciamiento tan claro, la pretensión de limitar la edad de los consejeros mediante una ley estatal aparece como temeraria e indica una evidente invasión de competencias. La ley catalana, más liberal en este caso, no fija límites para ese supuesto, igual que a nadie que no fuese un feroz intervencionista se le ocurriría limitar la edad de los consejeros de los bancos. El Banco Popular, el que exhibe el mejor coeficiente de eficiencia de la banca española, está presidido por los hermanos Luis y Javier Valls, de 75 y 71 años.

Es difícil apoyar en el sentido común ese trato asimétrico entre bancos y cajas. Y recuérdese que para el Constitucional 'las cajas son fundamentalmente entidades de crédito'.

En las medidas que prepara el Gobierno no figura en cambio la rebaja de la representación de consejeros públicos (ayuntamientos y diputaciones) obviando las recomendaciones comunitarias. Sorprenden también las características de la (conveniente) propuesta de emisión de cuotas participativas, un determinado tipo de acciones, para reforzar los recursos propios de las cajas, pero sin derechos políticos. Así los impositores, que tienen garantizados sus depósitos por ley, ostentarán derecho a representación en las asambleas y consejos, mientras que los ciudadanos que quieran arriesgar su dinero financiando el desarrollo de las cajas carecerán de él.

La reforma del Gobierno no resuelve el déficit de funcionamiento democrático de las entidades de ahorro. No se trata tanto de cambiar tal o cual director o presidente ejecutivo sino de contraponer a su extraordinario poder actual unos consejos y asambleas con facultades más potentes. El problema de las cúpulas proviene del escaso control a que están sometidos sus ejecutivos, por sus órganos de gobierno y por la sociedad. Las asambleas de las cajas tienen vedada la presencia de los medios de comunicación. Y las funciones de un órgano clave como la comisión de control son casi nulas.

Quizá el Gobierno aspire a una estrategia de conversión de las cajas en bancos a base de sucesivas reformas y ampliando paulatinamente la proporción de las cuotas participativas. Pero la experiencia de países que han eliminado las cajas, como el Reino Unido, es nefasta. Un amplio sector de la población, los que cuentan con menos recursos, se está quedando sin servicios financieros, pues no ofrece rentabilidad a los bancos. ¿Habrá que repetir de nuevo la historia y crear unas instituciones especiales para el ahorro popular, precisamente la razón por la que hace casi dos siglos nacieron las cajas de ahora? Sin olvidar que las cajas no han costado nunca un duro en fallidos a los contribuyentes. Por el contrario, las quiebras bancarias han supuesto más de dos billones de pesetas al erario público.