Ley de extranjerÃa: represión, precariedad y xenofobia
* Josep
Juárez és secretari general de CGT-Balears
Hoy entra en vigor la Ley Orgánica 14/2003, una nueva reforma de
la ya reformada Ley de ExtranjerÃa (L. O. 4/2000, modificada con
la L. O. 8/2000). Esta nueva normativa se está presentando en
sociedad, por parte del Gobierno, como una regulación necesaria,
e incluso amable, de la situación legal de los trabajadores
procedentes de la inmigración. Pero nada más lejos de la
realidad. Esta nueva reforma legal ha provocado ya la extensión
del justificado miedo entre los colectivos de inmigrantes, y no
son fruto de la casualidad las enormes colas ante las oficinas de
extranjerÃa, para intentar a la desesperada la regularización in
extremis, antes de su entrada en vigor.
Nuestros gobernantes, con bastante demagogia, son aficionados a
asociar inmigración con delincuencia. Pero ahora parecen querer
dar un paso más, ya que en la Exposición de Motivos de la nueva
Ley Orgánica se habla de mejorar el fortalecimiento de
los instrumentos disponibles para garantizar la seguridad en los
transportes internacionales, especialmente los aéreos,
en clara alusión al terrorismo. Inmigración, delincuencia y
terrorismo parecen completar un cÃrculo argumental que proyecta
a la sociedad un mensaje xenófobo. Y es muy curioso que la nueva
disposición incluya la creación de un Observatorio
Español del Racismo y la Xenofobia, en teorÃa para
combatir dichas actitudes. De manera farisaica, el incendiario
quiere luego aparecer como bombero.
La nueva Ley no da solución alguna al contingente de extranjeros
no regularizados que actualmente hay dentro de las fronteras españolas.
Estamos hablando de alrededor de novecientas mil personas en todo
el territorio estatal, de las cuales en las Illes Balears se
encuentran varias decenas de miles. A estos colectivos se les
condena a la ausencia de los derechos más elementales, a la
precariedad y a la clandestinidad por el consiguiente miedo a la
expulsión preferente. En definitiva, a vivir en un
estado permanente de aparheid. Se refuerzan los
elementos represivos, al facultar el acceso policial a los datos
de las compañÃas de transporte aéreo, marÃtimo y terrestre, a
las que se obliga a colaborar en el control, mantenimiento y
expulsión de las personas rechazadas. También se obliga a las
administraciones locales a facilitar el acceso policial a los
datos del padrón municipal, siendo éste, sin duda, un aspecto
de singular gravedad. Si tenemos en cuenta que el empadronamiento
permite actualmente el acceso a la sanidad y a la educación públicas,
podemos fácilmente imaginar que, cuando al padrón sea una
posible lista negra para expulsar, haya mucha gente
que prefiera renunciar a ésos derechos básicos, con tal de no
figurar en la misma.
El reagrupamiento familiar queda seriamente restringido, e
incluso a veces imposibilitado, con lo que se está
presumiblemente violando una parte de la Declaración universal
de los derechos humanos. Los llamados centros de
internamiento se proyectan como futuros campos de
concentración, auténticos agujeros negros donde desaparecerán
los derechos y las esperanzas de las personas. El famoso visado
de búsqueda de empleo de tres meses, aparte de otros
elementos claramente discriminatorios, puede acabar, en caso de
los que no consigan su puesto de trabajo en ése plazo,
incrementando el número de lo no regularizados.
Además de todo lo dicho, y de otros aspectos imposibles de
resumir en estas lÃneas, la reforma de la Ley que aquÃ
comentamos provocará que la situación de creciente precariedad
laboral de los trabajadores excluidos de la regularización, que
continuarán existiendo (cuando no aumentando), presione por
efecto dominó hacia mayor precariedad a todo el mercado laboral.
En ése sentido, la Ley de ExtranjerÃa es un serio atentado
contra los derechos de todos los trabajadores, y las
organizaciones sindicales deberÃamos tomar buena nota de ello.
En materia de inmigración, como en general suele suceder, las
medidas represivas no sólo no solucionan los problemas que dicen
pretender abordar, sino que, además, añaden otros. En este
contexto, el intentar contener o reprimir la entrada de
inmigrantes es un ejercicio tan inútil como ponerle puertas al
campo. Ya que la gente viene para trabajar y vivir dignamente, y
no para otra cosa, y considerando que los inmigrantes son
necesarios, por razones laborales y demográficas, lo que se
necesita no son leyes represivas, sino una Ley de acogida que
acabe con la clandestinidad y con la precariedad, y que garantice
a los trabajadores y trabajadoras su derechos laborales y
sociales. Justo lo que aspiraban encontrar nuestros antepasados
cuando tuvieron que emigrar desde estas tierras, y que por lo
general encontraron: acogida y respeto. No podemos tener tan
flaca la memoria
|