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El PSM opina. 22/12/2003

Ley de extranjería: represión, precariedad y xenofobia

* Josep Juárez és secretari general de CGT-Balears

Hoy entra en vigor la Ley Orgánica 14/2003, una nueva reforma de la ya reformada Ley de Extranjería (L. O. 4/2000, modificada con la L. O. 8/2000). Esta nueva normativa se está presentando en sociedad, por parte del Gobierno, como una regulación “necesaria”, e incluso amable, de la situación legal de los trabajadores procedentes de la inmigración. Pero nada más lejos de la realidad. Esta nueva reforma legal ha provocado ya la extensión del justificado miedo entre los colectivos de inmigrantes, y no son fruto de la casualidad las enormes colas ante las oficinas de extranjería, para intentar a la desesperada la regularización “in extremis”, antes de su entrada en vigor.

Nuestros gobernantes, con bastante demagogia, son aficionados a asociar inmigración con delincuencia. Pero ahora parecen querer dar un paso más, ya que en la Exposición de Motivos de la nueva Ley Orgánica se habla de “mejorar el fortalecimiento de los instrumentos disponibles para garantizar la seguridad en los transportes internacionales, especialmente los aéreos”, en clara alusión al terrorismo. Inmigración, delincuencia y terrorismo parecen completar un círculo argumental que proyecta a la sociedad un mensaje xenófobo. Y es muy curioso que la nueva disposición incluya la creación de un “Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia”, en teoría para combatir dichas actitudes. De manera farisaica, el incendiario quiere luego aparecer como bombero.

La nueva Ley no da solución alguna al contingente de extranjeros no regularizados que actualmente hay dentro de las fronteras españolas. Estamos hablando de alrededor de novecientas mil personas en todo el territorio estatal, de las cuales en las Illes Balears se encuentran varias decenas de miles. A estos colectivos se les condena a la ausencia de los derechos más elementales, a la precariedad y a la clandestinidad por el consiguiente miedo a la expulsión “preferente”. En definitiva, a vivir en un estado permanente de “aparheid”. Se refuerzan los elementos represivos, al facultar el acceso policial a los datos de las compañías de transporte aéreo, marítimo y terrestre, a las que se obliga a colaborar en el control, mantenimiento y expulsión de las personas rechazadas. También se obliga a las administraciones locales a facilitar el acceso policial a los datos del padrón municipal, siendo éste, sin duda, un aspecto de singular gravedad. Si tenemos en cuenta que el empadronamiento permite actualmente el acceso a la sanidad y a la educación públicas, podemos fácilmente imaginar que, cuando al padrón sea una posible “lista negra” para expulsar, haya mucha gente que prefiera renunciar a ésos derechos básicos, con tal de no figurar en la misma.

El reagrupamiento familiar queda seriamente restringido, e incluso a veces imposibilitado, con lo que se está presumiblemente violando una parte de la Declaración universal de los derechos humanos. Los llamados “centros de internamiento” se proyectan como futuros campos de concentración, auténticos agujeros negros donde desaparecerán los derechos y las esperanzas de las personas. El famoso “visado de búsqueda de empleo” de tres meses, aparte de otros elementos claramente discriminatorios, puede acabar, en caso de los que no consigan su puesto de trabajo en ése plazo, incrementando el número de lo no regularizados.

Además de todo lo dicho, y de otros aspectos imposibles de resumir en estas líneas, la reforma de la Ley que aquí comentamos provocará que la situación de creciente precariedad laboral de los trabajadores excluidos de la regularización, que continuarán existiendo (cuando no aumentando), presione por efecto dominó hacia mayor precariedad a todo el mercado laboral. En ése sentido, la Ley de Extranjería es un serio atentado contra los derechos de todos los trabajadores, y las organizaciones sindicales deberíamos tomar buena nota de ello.

En materia de inmigración, como en general suele suceder, las medidas represivas no sólo no solucionan los problemas que dicen pretender abordar, sino que, además, añaden otros. En este contexto, el intentar contener o reprimir la entrada de inmigrantes es un ejercicio tan inútil como ponerle puertas al campo. Ya que la gente viene para trabajar y vivir dignamente, y no para otra cosa, y considerando que los inmigrantes son necesarios, por razones laborales y demográficas, lo que se necesita no son leyes represivas, sino una Ley de acogida que acabe con la clandestinidad y con la precariedad, y que garantice a los trabajadores y trabajadoras su derechos laborales y sociales. Justo lo que aspiraban encontrar nuestros antepasados cuando tuvieron que emigrar desde estas tierras, y que por lo general encontraron: acogida y respeto. No podemos tener tan flaca la memoria





      

 

 




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